VIII Fòrum Parlamentari Iberoamericà. Cádiz, 25 i 26 d’octubre del 2012

Intervenció del M.I. Sr. Vicenç Mateu Zamora, Síndic General
VIII Fòrum Parlamentari Iberoamericà
Cádiz, 25 i 26 d’octubre del 2012

Sr. Presidente del Congreso,
Sr. Presidente del Senado,
Muy distinguidas Señoras y Señores presidentes,
Señoras y Señores Diputados y Senadores,

En nombre del pueblo de Andorra, de su parlamento –el Consell General- y también en nombre propio, es un honor poder dirigirme a ustedes en tan ilustre encuentro.

Quisiera, ante todo, felicitarles por la ocasión, el tiempo y el lugar elegido para celebrar este insigne foro. Muchas gracias por habernos acogido en la bella e histórica ciudad de Cádiz.

Doscientos años atrás, desde estas mismas calles, algunos distinguidos parlamentarios supieron iluminar las tierras y los pueblos de Iberoamérica. Nadie duda que la constitución de Cádiz supuso un hito histórico indiscutible al sentar las bases del estado moderno en España, una España que abrazaba entonces ambas orillas del océano, y mostró el camino a seguir para muchos movimientos constitucionales, europeos y latinoamericanos.

En aquellos tiempos las cosas nunca fueron fáciles. La Constitución fue elaborada en una época de agitación y guerra. En 1810, las Cortes asumen su labor y se reúnen para reformar “en profundidad” un país y un sistema político. Reciben el encargo, en palabras de Jovellanos, “de restablecer y mejorar la constitución española, violada y destruida por el despotismo y el tiempo, reducir y perfeccionar la liosa legislación… corregir tantos abusos y secar tantas lágrimas como había producido la arbitrariedad de los gobiernos pasados y el insolente despotismo del último reinado”.

A pesar del importante esfuerzo acometido, la revolución liberal en la España del s. XIX no fue todavía posible y la “Pepa” tuvo una vigencia de tan sólo 6 años, y aún en períodos intermitentes. Sin embargo, obtuvo un logro indiscutible: a partir de entonces, el constitucionalismo español e iberoamericano en general dispuso de un ineludible referente de progreso, anclado en los principios de soberanía nacional, división de poderes y representación política.

Permítanme, que les hable ahora de mi país, que les hable del pequeño milagro que es el Principado de Andorra, que cuenta con una historia siete veces centenaria.

Aunque ya citada en distintos documentos del siglo noveno, Andorra se constituye históricamente como coprincipado en 1278, con la celebración del primer pacto entre dos señores que ponen fin de este modo a sus disputas y que acordarán su soberanía compartida e indivisa sobre el territorio. Estos fueron el obispo de la Seu d’Urgell y el conde de Foix, quien con el transcurso de los tiempos acabará traspasando sus derechos primero a la corona y luego a la presidencia de la república francesa.

Señoras y señores presidentes, señoras y señores diputados,

Decía Nicolás Maquiavelo que los príncipes, y también los estados, disponen de tres armas para perseverar en el poder: la razón, la astucia y la fuerza. En el caso de Andorra, y por razones obvias, las tres armas se convierten necesariamente en dos, pues el uso de la fuerza por parte del Principado es pura quimera. Pero aun así, no nos ha ido tan mal. La historia de Andorra ha sido desde 1278 una historia de paz y convivencia cívica. Andorra jamás vivió ningún conflicto armado. Resguardados durante siglos por las montañas, magnífica y pobres a la par, en nuestra relación con el mundo los andorranos hemos aprendido a mostrarnos razonables en nuestras pretensiones y astutos en nuestro proceder. Diplomáticos forzosos, prudentes por obligación, hemos alcanzado a sortear los azares de la historia haciendo gala de neutralidad y discreción, hemos debido buscar permanentemente el necesario equilibrio que nos permitiera sobrevivir y prosperar ante entornos amenazadores y cambiantes.

Doscientos años atrás, España se dotó por vez primera de un moderno texto constitucional. El Principado de Andorra, regido hasta entonces por la soberanía personal de los copríncipes y el derecho consuetudinario, culminó en 1993 un largo proceso de reforma que le permitió proveerse de una avanzada carta magna. El próximo 14 de marzo Andorra cumplirá 20 años de su nueva constitución, la piedra angular que nos abrió al pleno reconocimiento internacional como estado de derecho y nos permitió la entrada en los principales foros internacionales, entre los que destacan Naciones Unidas o el Consejo de Europa, del que nuestro país va a ostentar la presidencia a partir del próximo día 9 de noviembre y durante los próximos seis meses.

Como no podría ser de otra manera, nuestra constitución ampara nuestro acervo legislativo y refrenda nuestra particular arquitectura institucional. Tras afirmar inequívocamente la soberanía popular, Andorra se define como coprincipado de régimen parlamentario, donde ambos copríncipes ostentan conjuntamente la jefatura del estado. El principado de Andorra, estado de derecho democrático y social, asume como principios inspiradores de la acción del Estado el respeto y la promoción de la libertad, la igualdad, la justicia, la tolerancia, la defensa de los derechos humanos y la dignidad de la persona. La constitución también establece y ordena las competencias y la relación de los distintos poderes del Estado.

Quisiera destacar como nuestra ley fundante incorpora asimismo alguno de los desarrollos más recientes de la doctrina constitucionalista. Da cuenta de ello la inclusión de un artículo que ampara la preservación del medio natural para las generaciones futuras, la limitación del número de mandatos y la incompatibilidad de los mismos, o la posibilidad de iniciativas legislativas de origen popular. El parlamento que me honro en presidir, el Consell General, reúne en una sola cámara de 28 diputados o consellers la representación de la población y del territorio, de forma paritaria. Y ya puestos a hablar de paridad, déjenme recordarles de paso que, sin haber tenido que recurrido a ninguna especie de cuota, en la presente legislatura el equilibrio de género, la igualdad en la representación de hombres y mujeres, es total y absoluta.

Distinguidos colegas,

Me permito sugerirles que si alguna vez quisieran acercarse a la realidad del principado de Andorra, no busquen el modelo del estado nación sino el más antiguo de las ciudades-estado. Dice Aristóteles que la ciudad, el estado, es realmente democrático si en él todos los ciudadanos alcanzan a conocerse entre sí. La ciudad no debe superar aquella dimensión que permita a sus ciudadanos el acudir a su capital y retornar al hogar en un solo día. Superados estos límites, cabe hablar no ya de democracia, sino de otra cosa. No en vano el espíritu griego entendía la virtud como un término medio entre el defecto y el exceso. Éste es nuestro modelo, y estamos orgullosos de él. Evidentemente, no se nos escapa que nuestra realidad es extraordinaria y excepcional. Pero es la nuestra, y es en ésta en la que habitamos y trabajamos para profundizar en la democracia.

Señoras y señores,

Las especiales características de nuestro estado establecen las condiciones en que se establece la relación entre las instituciones políticas y la ciudadanía. Aun así, nuestros ciudadanos refieren críticas parecidas acerca del sistema político y la democracia representativa. El ejercicio de la democracia es la afirmación de la soberanía popular, y hoy en muchos de nuestros países hay un malestar más que evidente hacia el desempeño de los gobernantes. Podría decirse que se ha abierto una crisis en la confianza entre los ciudadanos y sus representantes, a los que en muchos casos apenas reconocen como tales. Los políticos estamos hoy en el ojo del huracán, somos objeto de numerosas críticas. Parece como si las agendas políticas no concernieran ya a los ciudadanos, que se sienten ajenos a las mismas.

Ello se explica por múltiples razones; podríamos aquí enumerar algunas: el impacto de la crisis económica y la relativa impotencia de los gobiernos para combatirla, la falta de vigilancia y supervisión de los reguladores que deberían haberse mostrado especialmente diligentes para evitar la actual situación, los escándalos de corrupción, los conflictos de intereses, la financiación irregular, la endogamia de los partidos, la sensación de impunidad, de que a los poderosos nunca les pasa nada, mientras que todo les sucede a los pobres.

Muchos ciudadanos son a día de hoy demócratas insatisfechos que requieren soluciones a los importantes problemas económicos, sociales e incluso éticos, que tenemos sobre la mesa. Quieren progreso socioeconómico real, quieren esperanza de mejora, quieren desarrollo. No debemos permitir que vaya imponiéndose la idea que lo político y la democracia en particular es impotente ante los acontecimientos de un mundo regido por otras fuerzas.

Posiblemente hoy una mayoría de ciudadanos apueste inequívocamente por una economía de mercado, muy pocos quieren vivir, no obstante, en una sociedad de mercado.

Es nuestra directa responsabilidad que la política no sea percibida como parte del problema; pues es sin duda parte de la solución. La solución es más y mejor política, una política que recupere un cierto prestigio y autoridad. No hay alternativa razonable.

Decía el profesor Duverger que “la democracia es a la vez una técnica y una ética”. Es tanto una forma de estado como un sistema de valores. Avancemos hacia una nueva etapa de responsabilidad política donde la mayor transparencia y la rendición de cuentas estén en el centro de nuestras actividades diarias.

Distinguidos Señores,

La democracia no es nunca perfecta, sino siempre perfectible. Tampoco está nunca definitivamente asentada, requiere por el contrario de un continuo ejercicio de supervisión y acompañamiento que la aparten de cualquier hipotética deriva.

La democracia es pauta, camino, horizonte. Es un proyecto común de convivencia que debe ser permanentemente sostenido, un ideal siempre sujeto a mejora.

La situación actual requiere más política y democracia: desconfiemos de quien diga lo contrario. Aunemos esfuerzos para reforzar el sistema institucional introduciendo cambios que mejoren su práctica, asegurando que se haga realidad lo que ya está previsto sobre el papel en nuestras constituciones. Busquemos recuperar la legitimidad y la credibilidad necesarias que alejen la posible deriva demagógica.

Asegurémonos que representamos a nuestros ciudadanos y servimos sus intereses. Pues somos ciudadanos al servicio de los ciudadanos.

Muchas gracias.